Uno de los grandes objetivos nacionales, que debe ser consolidado como política de Estado de largo aliento, es la descentralización del país, en cuyo proceso los gobiernos regionales, así como las municipalidades provinciales y distritales, deben asumir un rol cada vez más protagónico en el proceso de desarrollo integral y sostenido que hemos emprendido los peruanos con una visión de futuro con crecimiento económico, inclusión y justicia social.
Así lo propone el Acuerdo Nacional y lo respaldan las proyecciones de gobernabilidad formuladas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), con objetivos y metas concretos fijados hasta 2021, año en que el Perú celebrará el Bicentenario de la Independencia.
En vano, el Gobierno actual ha impulsado la descentralización y regionalización del país como una de las grandes reformas que serán el soporte para que nuestro país siga avanzando con una economía emergente basada en un crecimiento sostenido con total apertura para las inversiones nacionales y extranjeras.
Por lo que el próximo gobierno deberá de continuar con una política descentralista, y que cada vez que se entregue más dinero para la ejecución de sus obras que sean los pueblos los que decidan, es importante puntualizar que en los últimos cuatro años, de los 65 mil millones de nuevos soles de inversión en obras, más de 40 mil millones han sido invertidos por las regiones y municipios. Además, 4,302 funciones de administración y decisión ya han sido transferidas a dichas instancias de gobierno regional y local.
Nada justificaría un retroceso o congelamiento de la gran reforma de la descentralización, hay que dar nuevos pasos y perfeccionar el proceso, propiciando las macrorregiones y superando el departamentalismo, que es una herencia administrativa colonial.
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